El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha comenzado a enviar cartas a ciudadanos de Cuba, Honduras, Nicaragua y Venezuela, informándoles sobre la revocación de su estatus migratorio bajo el programa de parole humanitario. Los afectados son instados a abandonar voluntariamente el país antes del 24 de abril de 2025 para evitar un proceso formal de deportación.
¿Qué implica esta notificación?
El aviso oficial establece que, si los beneficiarios no se retiran del país antes de la fecha límite, podrían enfrentarse a expulsión acelerada según la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), o a un proceso de deportación bajo la sección 240 de la misma ley.
Adicionalmente, quienes permanezcan ilegalmente en EE.UU. después del 24 de abril comenzarán a acumular presencia ilegal, lo cual impactaría negativamente futuras solicitudes migratorias. La ley indica que más de 180 días de permanencia irregular, seguidos de una salida, puede resultar en la inadmisibilidad para reingresar al país por varios años.
Los migrantes que decidan salir por tierra deben registrar su salida mediante la aplicación móvil CBP Home.
Revocación del permiso de trabajo
La cancelación del parole también conlleva la anulación de los permisos de trabajo emitidos bajo este estatus. Dichos permisos dejarán de ser válidos a partir del 24 de abril de 2025, a menos que el titular demuestre tener otro estatus legal válido, según la sección 212(d)(5)(A) de la INA.
No obstante, incluso presentando evidencia de estatus vigente, esto no impedirá la terminación del parole humanitario, originalmente ofrecido a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Fin del programa y preocupación entre miles de migrantes
Desde el 25 de marzo de 2025, el DHS declaró el fin del programa de parole para ciudadanos de los países mencionados y sus familiares directos.
Este parole humanitario, introducido por la administración Biden en 2023, ofrecía entrada temporal a EE.UU. a migrantes con un patrocinador económico. Su cancelación ha generado incertidumbre, sobre todo entre aquellos que no han iniciado un proceso legal migratorio como el asilo político o la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Se calcula que cerca de 26.000 cubanos, que ingresaron tras marzo de 2024, aún no cumplen con el requisito de un año de presencia física para acogerse a esta ley, quedando en una situación migratoria incierta.
